Situación de los créditos de los trabajadores judiciales

2016-11-11


El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco, manifiesta su preocupación y alarma por la situación generada a partir del dictado del Decreto N° 2092/16, emitido por el Gobernador de la Provincia del Chaco y en tanto que dispone la reglamentación de la Ley N° 7751 que anteriormente declarara la emergencia financiera y económica y consolidara la deuda generada a partir de los litigios a que diera lugar la Acordada N° 858/91 emitida por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco.


Este Decreto N° 2092/16 establece un régimen de pago con quitas y en cuotas plurianuales que se contradice con la anterior solución legislativa sancionada para estos litigios que cuentan con sentencias firmes y consentidas, en tanto que mediante la Ley N° 7782 se había autorizado al Poder Ejecutivo Provincial a contraer los empréstitos necesarios para atender al pago de dicha deuda. Bajo estas circunstancias deviene singularmente preocupante para la seguridad jurídica y para la plena vigencia del Estado de Derecho, altos fines en los que se encuentra comprometida nuestra institución profesional, que bajo el pretexto de reglamentación se genere un régimen de pago emergencial que resulta ser todavía más gravoso que la normativa reglamentada y que frontalmente aparece como incompatible con la posterior intervención del Poder Legislativo que ha dispuesto y autorizado la contratación de los empréstitos que permitan la cancelación inmediata y total, es decir sin espera ni quitas, de los legítimos créditos que ya se encuentran consolidados y pasados en autoridad de cosa juzgada. Como institución que representa a los abogados y abogadas, no podemos permanecer ajenos a un hecho de trascendencia institucional como el que ahora mencionamos, puesto que del mismo se desprende la afectación a una de las garantías más elementales sobre las que se estructura el Estado de Derecho y la República: la inviolabilidad de la cosa juzgada y la eficacia del Poder Judicial. Es que los trabajadores judiciales afectados por esta normativa que es manifiestamente inconstitucional, han alcanzado el máximo reconocimiento posible de un derecho, como sucede cuando se obtiene sentencia firme y en consecuencia lo resuelto pasa a incorporarse al patrimonio de la persona y se afianza en la garantía constitucional de la inviolabilidad del derecho de propiedad. Por lo tanto, que sea el mismo Estado el que sancione leyes y emita decretos con el fin de restar eficacia y fuerza a esa cosa juzgada, importa afectar inconstitucionalmente el derecho de propiedad de quienes ya han incorporado a su patrimonio ese derecho de crédito, a la vez que significa privar de toda eficacia a la intervención del Poder Judicial, invadiendo sus competencias y volviendo meramente declarativas sus sentencias. Nuestro pronunciamiento en esta oportunidad, se basa en la sincera preocupación que nos produce el menoscabo a las bases más elementales que sostienen nuestra arquitectura institucional y que en el presente caso socavan precisamente el Poder del Estado y los principios esenciales que constituyen el núcleo de nuestra profesión como abogados y abogadas. Es nuestra responsabilidad señalar que estas normas que denunciamos como inconstitucionales, no solo producen el efecto indeseado de privar de su derecho de propiedad a cientos de trabajadores, sino que extiende su daño mucho más allá, mellando la seguridad jurídica y la misma confianza que debe reposar sobre el Poder Judicial para cumplir la función de restablecer los derechos vulnerados. Resulta alarmante que los chaqueños puedan sentirse desamparados absolutamente, ante la evidencia de que cualquier acción judicial que emprendan no los llevará sino a una dilatada lucha tribunalicia, al cabo de la cual se quedarán con una simple hoja de papel, declarativa, más no realizadora, de sus derechos.
También se hace necesario destacar que en el hecho que da lugar a la emisión de estas normas inconstitucionales, ha tenido y sigue teniendo una directa responsabilidad el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, quien ha emitido la Acordada N° 858/91, que diera lugar a los numerosos reclamos que hoy deben ser pagados. Deberá también el máximo tribunal provincial asumir su responsabilidad institucional, que ya ha sido determinada por el mismo Poder Judicial a través del órgano judicial competente, que ha emitido las sentencias que todavía hoy no pueden ser ejecutadas. De ese mismo Superior Tribunal de Justicia, pende también hoy otra responsabilidad que es ya jurisdiccional, en tanto que se encuentran ante sus estrados numerosas acciones judiciales que impugnan el régimen emergencial sobre la base de los argumentos antes expuestos y que merece una inmediata y debida resolución, a fin de allegar la imprescindible paz social que es producto de la intervención oportuna y reparadora del Derecho.

Por nuestra parte, exhortamos a todos los poderes públicos de la Provincia, todos igualmente responsables en la tarea de garantizar la vigencia del Estado de Derecho y los principios republicanos del gobierno, para que adopten las medidas RAZONABLES necesarias para terminar de una vez por todas, con esta afrenta a la legalidad y este daño a los trabajadores.-


Compartir:

CONSEJO PROFESIONAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE RESISTENCIA