SOBRE LA APLICACIÓN DEL 2X1 A DELITOS DE LESA HUMANIDAD

2017-05-08


El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco expresa su desacuerdo y preocupación ante el reciente pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “BIGNONE, REYNALDO”, dictada en fecha 03/05/17 y en tanto que otorga el beneficio del cómputo doble por cada día de detención preventiva al condenado por delitos de lesa humanidad Luis Muiña, aplicando así la ley Nro 24.390 que fuera derogada en el año 2001, dejando sin efecto la sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que había denegado este beneficio, ordenando dictar nuevo pronunciamiento que incluya el cómputo del descuento en la condena de prisión. La sentencia dictada por la Corte se funda, en su voto mayoritario, en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna, establecido en el art. 2 del Código Penal, con basamento en el principio de legalidad penal establecido en el art. 18 de la Constitución Nacional y reconocido expresamente en los arts. 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambas con jerarquía constitucional de acuerdo a lo dispuesto por el art. 75 inc. 22. de la Constitución Nacional.


Explicando este fallo, diremos que se trata de la aplicación del beneficio reconocido por el art. 7 de la Ley Nro 24.390 que estableció que una vez transcurridos los dos primeros años de prisión preventiva, se computaran dos días de prisión por cada día de encarcelamiento cautelar efectivamente sufrido. Será necesario aclarar que la prisión preventiva es aquella medida de detención adoptada por un juez competente, cuando todavía no media sentencia condenatoria firme y que se adopta sobre la base del peligro de fuga del imputado o bien cuando se temiera que en libertad pudiera entorpecer la investigación. Al tiempo de su dictado, esta norma pretendió compensar a los detenidos en prisión preventiva, valorando el injusto que supone que una persona estuviera privada de su libertad sin sentencia que destruyera la garantía de presunción de inocencia.

Ahora bien, en el caso concreto, esta aplicación se realiza sin consideración de la naturaleza del delito al que se la aplica, esto es uno lesa humanidad, de carácter permanente en cuanto que la acción delictiva sigue ejecutándose por la persistencia del hecho imputado, la desaparición forzada de personas, cuya ejecución continuada e ininterrumpida determina la aplicación de la ley vigente en el último tramo de la conducta punible, pues se trata de un supuesto de co-existencia de leyes penales y no de sucesión de las mismas, como bien señala el voto en disidencia emitido en esta misma sentencia por el Juez Juan Carlos Maqueda, remitiéndose a los precedentes de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Jofré” Fallos 327:3279; “Rei”, Fallos 330:2434 y “Gomez”, Fallos 332:1555).  La argumentación desplegada por el Juez Maqueda no sólo que ofrecía una plausible y razonable interpretación de la norma del art. 2 del Código Penal invocada por la mayoría, sino que además se sustentaba en la ineludible obligación del Estado argentino de perseguir, enjuiciar y castigar adecuadamente los delitos de lesa humanidad, es decir aquellos delitos aberrantes cuya sola comisión importa una afrenta a toda la humanidad. No se trata de negar igual consideración ante la ley a quienes han cometido este tipo de delitos ni de negarles las garantías del proceso justo, siendo ello una exigencia inconmovible que nunca podrá dejarse de lado en el marco del Estado de Derecho, so pena de caer en el mismo horror que se pretende enjuiciar y sancionar. Pero ello de modo alguno puede llevarnos a olvidar que la naturaleza de los delitos de lesa humanidad, impone condiciones especiales para su persecución, juicio y sanción, entre los que sobresale la imprescriptibilidad, la imposibilidad de extenderles amnistías o indultos y el compromiso internacional de imponerles una sanción adecuada. Nuestra Corte no podía dejar de lado estos presupuestos elementales que sí ha tenido en cuenta para llegar al inmediato antecedente de este caso, que no es otro que el juicio seguido a Muiña y la pena impuesta. Esta sentencia que motiva este pronunciamiento, se ha desentendido de la imprescindible obligación del Estado argentino de adoptar todas las medidas a su alcance para enjuiciar y sancionar adecuadamente a quienes hubieran cometido delitos de lesa humanidad, siendo que en el caso los principios antes citados debieron haber guiado la interpretación de la Corte, de manera de evitar caer en una indirecta vía de modificación “conmutativa” de la pena adecuada, proporcionada a la aberrante conducta delictiva sancionada.

Finalmente, dado que el compromiso internacional que denunciamos violado comprende por igual a todos los poderes del Estado argentino, exhortamos a los restantes Poderes para que ejerciten las vías previstas en el mismo sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos, a fin de obtener la adecuada revisión de esta preocupante y perniciosa decisión judicial, que debe ser anotada como un retroceso en el largo derrotero que nuestro País ha seguido en el juicio y castigo a quienes cometieron los más aberrantes crímenes de nuestra historia contemporánea.


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CONSEJO PROFESIONAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE RESISTENCIA