COMUNICADO SOBRE SUSPENSIÓN CAUTELAR LEY 27260 DE IVE

2021-02-03


El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco expresa su opinión institucional ante el debate generado a partir de la sentencia dictada por la Sra. Jueza del Juzgado Civil y Comercial Nº 19 de la Ciudad de Resistencia, en tanto que de modo cautelar dispone la suspensión de gran parte de las normas que componen la Ley Nº 27610, regulatoria del derecho de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).


En primer lugar, hacemos saber que esta opinión institucional se emite luego de una instancia deliberativa interna, realizada con la finalidad de escuchar las opiniones de nuestros/as asociados/as, en atención a la controversial cuestión de fondo implicada en el debate y teniendo en cuenta que nuestra institución se integra pluralmente con profesionales del Derecho que no tienen una opinión común sobre este asunto. Nuestra opinión institucional respeta por ello la divergencia de los idearios que sostienen nuestros/as asociados/as frente a la Ley Nº 27610, no siendo su constitucionalidad o inconstitucionalidad una materia que debamos nosotros saldar, pues lo contrario sería prescindir o desconocer ese sano pluralismo que asumimos como un activo institucional.

En consecuencia, nos pronunciamos con una reivindicación de los principios elementales que conforman la arquitectura del Estado Constitucional de Derecho, centralizados en este particular debate y sus hechos sobrevinientes, por la necesidad de respetar el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, lo cual supone garantizar tanto el derecho que tiene cualquier persona que se considere afectada en sus derechos a acudir al Poder Judicial, mediante sus órganos competentes, como el deber en que se encuentran los jueces competentes instados en orden a emitir sentencia fundada resolviendo en un plazo razonable esas pretensiones. Se trata de un elemental derecho que condiciona la efectividad de todo el sistema de derechos, acceder a la justicia, que debe estar correspondido por el deber de los/as jueces/as que no pueden dejar de resolver las pretensiones que se les formulan, dentro de sus respectivas competencias y conforme a Derecho. Esta defensa comprende también, como parte del derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, garantizar el derecho de las personas que se sientan afectadas por esa decisión judicial, en cuanto a ejercitar la propia defensa de sus intereses y derechos, todo lo cual debe ser asegurado eficazmente dentro de ese mismo proceso judicial, acudiendo a los remedios procesales que se encuentran previstos para asegurar la adecuada revisión de esas sentencias judiciales e incluso a los mecanismos de control previstos para juzgar el buen desempeño de los/as magistrados/as, siempre cuidando de que ello no pretenda violentar o restringir el también basamental principio de la separación de los poderes y su corolario que es la garantía de la independencia judicial.

De esta forma, cabe entender también que el proceso judicial es una instancia más de la discusión pública en un Estado democrático, donde se vierten razones públicas para impugnar o defender las decisiones colectivas que son adoptadas mediante la actuación de los órganos estatales y representativos. En ese marco de discusión, los/as jueces/zas cuentan en nuestro sistema institucional con la potestad de ejercer el control judicial de constitucionalidad de las leyes, actuando siempre en el marco de sus competencias, facultad que siempre ha de ser ejercida con prudencia, principalmente cuando el objeto o motivo de esa revisión es una decisión de los órganos representativos y la misma se encuentra precedida de una robusta deliberación pública, pues un principio también arquitectónico de ese mismo Estado Constitucional de Derecho, es la organización democrática. El principio democrático importa el reconocimiento del autogobierno como máxima instancia decisional de asuntos colectivos, trasuntada en la forma representativa que hace de algún modo posible ese ideal de respeto por la igualdad y la autonomía de las personas.

Finalmente, otro bagaje de ese rico acervo que es el Estado Constitucional de Derecho es el respeto y la promoción de la diversidad, puesto que no pensamos todos/as de igual forma, ni sería ello posible en tanto reinara verdaderamente la libertad. Ese hecho insoslayable de la diversidad, nos debe conducir a la tolerancia con las opiniones divergentes a la nuestra, defendiendo con igual ahínco el derecho de los otros a expresar sus ideas asentadas siempre en razones públicas y en su caso, acudir a las instancias institucionales previstas para obtener atención a sus demandas de justicia.

Estas son las herramientas institucionales con las que debemos actuar frente a cada conflicto o controversia que nos encuentre enfrentados en posiciones polémicas, pues difícil puede ser entender que debemos convivir bajo las mismas reglas, aún cuando los valores que nos guían como personas no se encuentren necesariamente y en todo momento, reflejados en esas reglas. De igual manera y como corolario de ello, cabe señalar que la discusión pública es siempre un insumo indispensable para la adopción legítima de las decisiones colectivas, siendo la única prohibición que debe regirla la de evitar y en su caso repudiar las expresiones violentas, de odio o la descalificación personal de quienes interactúan en ese diálogo público.


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CONSEJO PROFESIONAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE RESISTENCIA